Antecedentes

La República de Panamá, en su Constitución Política, Capítulo 7°, establece que “es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana; que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas; y que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”.

Es este sentido la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Andina de Fomento (CAF), firmaron el contrato de préstamo número CFA-5348, el 04 de marzo de 2009, con el objeto de financiar parcialmente el “Programa de Inversión para la Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias”, mejor conocido como Programa ProCuencas. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) fue asignada como El Organismo Ejecutor de este Programa.

Como el Programa ProCuencas no pudo ejecutarse en el horizonte previsto (2009-2014), el actual gobierno de Panamá, a través de las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente retoman el mismo y solicitan al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) su reformulación con el objeto de realizar en definitiva la financiación de los siguientes rubros:

(a) contratación de estudios, servicios profesionales y de consultoría; 

(b) materiales y equipos para los procesos de reforestación;

(c) seminarios y eventos para la articulación institucional;

(d) diseño, obras y equipamiento de los laboratorios nacional y regional de calidad ambiental y 

(e) compra de estaciones hidrometeorologicas y piezométricas.

Por otro lado, un gran hecho político de gran relevancia para la gestión de los recursos naturales y el ambiente, ha sido la reciente decisión del actual gobierno, de firmar y promulgar la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas, al año 2035, junto a actores del sector privado y de la sociedad civil. Dicha iniciativa tiene como propósito revertir el proceso de deforestación y degradación, como se muestra en varias de las publicaciones realizadas en documentos de ANAM (Mapa de cobertura boscosa 2012, ANAM). Cabe resaltar que la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas es parte del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 aprobado por el Consejo de Gabinete, en el mes de diciembre de 2014.

El Programa Procuencas apoya la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas.